Está condenada a un año y medio de prisión por varios hurtos. Tiene seis hijos, uno con discapacidad. Un juez le concedió la detención domiciliaria. El SPB exige medidor individual y el de ella es comunitario. El SPB se niega y el juez lo acepta.
Por Horacio Cecchi
Más que una radiografía del sistema penal, el caso de Andrea L. parece una metáfora del funcionamiento de la Justicia argentina, de la mayor parte de los jueces, de las rigurosidades de la familia penitenciaria cuando se trata de la Very Unimportant People, y de cómo todo el sistema penal, la mano dura y la tolerancia cero se recarga sobre los hombros y el rostro de la pobreza. Andrea L. fue presa por hurto, no por tomar gallinas ajenas sino ropa y minucias de los comercios. Detenida una, dos, tres veces, con condenas de 3, 6 y 8 meses, la cuarta fue la vencida y recibió una pena de un año y medio pero de cumplimiento efectivo por sus reiteraciones. Con seis hijos de entre 5 y 15, todos a su cargo porque sus padres los abandonaron, y uno de ellos, el de 5, con discapacidad locomotriz, Andrea pidió ser beneficiada por la Ley 26.472 que habilita la detención domiciliaria a mujeres con personas discapacitadas a su cargo. Un juez de ejecución le concedió el beneficio el 18 de agosto pasado, pero Andrea L. sigue presa por un motivo: no tiene medidor de electricidad individual, y el Servicio Penitenciario Bonaerense exige que lo tenga para colocarle la pulsera electrónica; Edenor no se lo quiere colocar porque sostiene que Andrea L. tiene luz de un medidor comunitario, y supone que si coloca uno individual no le pagarán el servicio, que será público pero es de bolsillo privado. Donde manda capitán no manda marinero: la única presencia del Estado ante un caso enmarcado en la ley es la del SPB, que la mantiene entre rejas. Los chicos están a cargo de la madre de Andrea L. que tiene más de 70, pone su voluntad, esfuerzo y jubilación, y que, para cerrar el círculo, no podía llamarse de otra manera que Teresa.
A Andrea L., que no está alojada en un pabellón vip, de todos modos se le exige dinero para no estar entre rejas. Detenida en repetidas ocasiones por ocultar entre sus ropas vestimentas o pequeños objetos de los comercios, sin pagar a la policía para que la dejen funcionar, recibió breves condenas porque su delito, el hurto, es el menor de todos pero uno de los más comunes. “La fueron condenando a 3, a 6 meses, a 8, hasta que la última vez –explicó el abogado defensor de Andrea L., José Vera, a Página/12– el juez le sumó todas las condenas anteriores, suma que le dio 24 meses y la condenó a un año y medio de prisión de cumplimiento efectivo.”
Andrea L. fue remitida a la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en San Martín, en enero de este año. Para esa fecha, además era sancionada la ley 26.472, de Ejecución de la Pena, que habilita la detención domiciliaria a mujeres embarazadas, o con hijos menores de cinco años, o a cargo de una persona con discapacidad. La ley beneficia a Andrea L. ya que su hijo menor sufre de una deformidad de sus pies conocida como Pie Bot. Vera solicitó el beneficio y el juez Gustavo Gabriel Pérez, del juzgado de ejecución penal de Zárate Campana, el 18 de agosto pasado, consideró que se daban los criterios de la ley y, con el acuerdo del fiscal, ordenó que Andrea L. recibiera el beneficio de prisión domiciliaria, en la casa de la madre Teresa, localidad de Pablo Nougués, Malvinas Argentinas. La detención debía cumplirse bajo el régimen de monitoreo electrónico, esto es, la conocida tobillera. Pérez condicionó el beneficio a que Andrea L. debía “someterse a la supervisación del Servicio Penitenciario Provincial, en cuanto al monitoreo electrónico”, hasta el 6 de abril de 2010, cuando se daría por cumplida la pena.
A partir de allí comenzaron las peripecias a las que se somete a la pobreza para que se cumpla la ley que se supone de aplicación igualitaria. La tobillera electrónica emite una señal que es captada por un módem que a su vez envía la señal telefónicamente al Centro de Monitoreo Electrónico del SPB. El módem es eléctrico. “Pedí que colocaran teléfono, porque no teníamos –confió Teresa a este cronista–. Es un esfuerzo pagarlo, pero era una condición tenerlo.” En el barrio de Teresa muchos se colgaban de la luz, con lo que Edenor reclamó el pago y la Intendencia tramitó y colocó un medidor comunitario, pagado por la misma Municipalidad. Edenor, entonces, retiró el medidor individual a todas las casas de la zona implicada, entre ellas, la de Teresa.
Una vez colocado el teléfono, Teresa avisó a su hija y el SPB envió una inspección. “Vino a ver si había teléfono, le mostré el recibo de que lo pagamos”, explicó la abuela de los chicos.
–¿Qué luz tiene usted? –le preguntó el penitenciario.
–Tengo la comunitaria, pero hay un medidor y lo paga el municipio, no estoy enganchada –aclaró Teresa, que ya imaginaba por dónde venía.
–Sí, pero a nosotros no nos sirve –respondió el penitenciario, que le recomendó solucionar el problema y se fue.
Teresa movió cielo y tierra, con sus escasos fondos, tiempo (porque tiene que cuidar a los seis chicos) y esfuerzo para obtener un medidor individual, que parece tan sencillo como levantar el teléfono y pedirlo, y lo es si se tiene dinero. “Le pedí a Cariglino –intendente de Malvinas Argentinas– si podía poner un medidor o darme una orden para Edenor, pero me dijo que tenía que solucionarlo en forma particular. Entonces fui a la fiscalía de ruta 8, que nos corresponde a nosotros, pero me dijeron que lo tenía que solucionar con la empresa. Fui a Derechos Humanos de Polvorines y me dijeron que no me podían negar el medidor. Entonces volví a Polvorines, a Edenor. Me cobraron 35 pesos para poner el medidor. Vinieron, se paró la camioneta, y uno de ellos dijo ‘ay, trajimos el medidor del lado derecho pero es del lado izquierdo’, me dijeron ‘señora, vamos a buscar el otro’, se fueron y nunca más volvieron”.
Teresa esperó unos días y llamó para reclamar. Finalmente, volvió otra camioneta. “Levantaron una escalera, vieron los cables y me dijeron ‘pero señora, usted ya tiene luz comunitaria’. Yo les dije que sí, pero que necesitaba un medidor individual porque me lo exigían.”
–Bueno señora, vamos a ver de dónde la podemos enganchar –le contestó el que parecía el jefe del equipo. Bajaron la escalera, la montaron en la camioneta y se fueron.
“Pero no volvieron más”, aclaró Teresa. Entonces, la abuela fue a José C. Paz, de donde depende la central de Edenor que corresponde a la zona de su casa. “Ahí me dijeron que no me podían poner el medidor individual”. Volvió a la Intendencia y una empleada le dijo: “¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Buscar un electricista matriculado y pagar la colocación de un medidor”. La suma, entonces, oscila entre los 150 y 250 pesos.
Pero cuando Teresa consultó a su hija y ésta consultó en el penal, le respondieron que “no se puede hacer eso, quieren un medidor derecho de Edenor”. La madre de Andrea L. viajó entonces a la central de Edenor, en Chacarita, pero de ahí le contestaron que debía tramitar en Pilar. “Entonces, fui a Pilar, como me habían dicho pero ahí no me daban ninguna solución, así que me volví.”
–¿Usted pagó a Edenor 35 pesos para que le colocaran el medidor? –preguntó Página/12.
–Sí –respondió Teresa.
–¿Se los devolvieron?
–No.
Mientras Teresa recorría la provincia, Vera reclamaba ante el juez que en la casa que había sido fijada para la detención “está asegurada la provisión de energía eléctrica domiciliaria que, vale aclarar, funciona perfectamente (...). En otro orden y según lo informado a este abogado, los cargos generados por el mentado “medidor comunitario” serían soportados por el Estado, a través del pago de subsidios que recibe la citada empresa Edenor. Debo destacar y según se me informó en mis reiterados llamados y gestiones realizadas, que Edenor tiene decidido que en las zonas donde existe este tipo de medición no instala de otro tipo”.
Vera aclaró que su defendida, además, no cuenta con otro domicilio para fijar, lo que hubiera zanjado todo el problema. Algo demasiado simple para que sea un obstáculo a la morigeración de la pena cuando se trata de otro estatus social sin importar la gravedad del delito.
El abogado también siguió todos los pasos posibles: incluso, llamó al Departamento de Monitoreo del SPB, donde le explicaron que la consigna es de hierro, como las rejas. Vera pidió al juez de ejecución Pérez que atendiendo a los tratados internacionales, la Constitución y la ley, que de algún modo se coloque el sistema, con el medidor que sea. O sea, le pidió al juez de ejecución de la pena que ordenara que se ejecute.
Lejos, en su casa con teléfono para el módem que no le instalarán porque tiene electricidad pero no medidor propio, Teresa dijo: “Hoy la vi en la visita. Llora mucho, extraña. Le dije que espere, que por ahí”.
Tal vez, con Teresa la Justicia actúe de milagro.
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