URBANIDADES
Por Marta Dillon
El último escándalo que protagonizó Elisa Carrió tuvo todo el folclore que ella misma ha sabido imprimir a su figura: silencio dramático, cambio abrupto de tema, gravedad súbita en el tono y ese revoleo de ojos que panea sobre la audiencia para comprobar que está generando el efecto buscado. Y entonces, la bravuconada: “Es terrible que se vote la ley para la extracción compulsiva de ADN en la búsqueda de identidad. Esa ley no está dirigida a proteger los derechos humanos, sino que está dirigida —y tiene nombre y apellido— a los hijos de la señora (Ernestina) Herrera de Noble. Quiero denunciar al matrimonio. Esto es fascismo puro. El principio de la integridad y de la autonomía personal están por encima. Es una ley de persecución. Están violando los derechos humanos para una venganza personal”. Hablaba, en el primer día después de una supuesta alta médica, después de un supuesto diagnóstico de estrés —“Estoy espléndida, como verán”, se había jactado—, de la ley que permitiría tomar muestras de ADN para la identificación de quienes fueron apropiados siguiendo un plan sistemático de la última dictadura militar, a través de métodos alternativos a la extracción de sangre. Indiferente a su propia ignorancia sobre esta ley que cumple con disposiciones de la Corte Suprema y que además surge de un acuerdo amistoso entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado nacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ahora diputada electa, volvió a montarse en uno de sus caballitos de batalla, esas frases célebres que han forjado su estilo de persona iluminada que graciosamente acude al vulgo a revelar la verdad: habló de otra generación en términos de hijos. Claro que si antes decía que “esta sociedad se come” a los suyos en relación a las víctimas de la dictadura, ahora “los hijos de la señora de Noble son nuestros hijos”. Es que para ella, antes y después, apenas unos años antes y unos años después, no es una cuestión de tiempo sino de giro ideológico. Antes fue, por ejemplo, en 2003 cuando le ofreció a la propia Estela de Carlotto ser parte de su oferta de candidatos. Antes fue cuando usó la frase canibal para referirse a los y las jóvenes que murieron en el incendio de Cromañón. Usó la metáfora, incluso, cuando asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Pero, claro, “antes” todavía podían advertirse algunas hebras de discurso progresista entre la maraña de palabras que solía soltar. Eran épocas en que denunciaba los acuerdos “espurios” alcanzados en el Congreso para votar “la ley Clarín”, según sus propios dichos, que eximía de quiebra a las empresas culturales. Qué tiempos aquellos. Todavía, además, se podían encontrar en su discurso algunas referencias de cierta perspectiva de género acuñadas, según ella, en la experiencia personal de haber sido una mujer que sufrió violencia doméstica y que pagó con divorcio, desarraigo y separación de sus hijos el precio de haber construido una carrera propia. Nada queda de eso, ni un solo rastro. Su figura parece encarnar, al contrario, todos los estereotipos del género según la más anquilosada mirada masculina: incapaz de sostener alianzas —ya se deshizo de Margarita Stolbizer y ahora parece despegarse de Patricia Bullrich, últimas en una lista infinita de leales compañeras de ruta que quedaron en el olvido—, incapaz de mantener la coherencia; mostrarse “espléndida” para ella parece ser lucir bronceada y con unos kilos menos —aunque es cierto, siempre se los están contando—.
Carrió, la misma que ha sido capaz de dar vuelta todas y cada una de las afirmaciones sobre las que empezó a hacer política, como un gesto de magia propio del “nada por aquí, nada por allá”, ha dado una vuelta macabra a una de esas frases célebres sobre las que hizo cabalgar su discurso. Ahora es ella la que se ha tragado a los hijos de esta sociedad. En su bravuconada quiso deglutir de un mordisco a toda esa generación que seguirá tambaleando desde sus cimientos mientras siga habiendo jóvenes con dudas sobre su identidad, mientras la verdad no se inscriba en la historia, con el nombre y el apellido de cada uno, más allá de lo que cada cual quiera hacer con esa verdad. Puede ser cierto que los hijos de la señora de Noble sean hijos de todos, de todos los que aún buscan a hijos o hijas apropiados, de todos los que sostienen la esperanza y la alimentan cada vez que alguien más recupera su identidad. Pero ellos no merecen —nadie merece— esa historia inabarcable, ellos merecen la propia, la que se construye en esa alquimia vital que combina la herencia con el deseo personal, lo que nos dejaron con lo que cada uno y cada una logra hacer con eso. Cualquier otra suerte, para estos jóvenes y para todos los que comparten historia y generación, estará mucho más cerca del fascismo que Carrió proclama que la verdad más cruda.
A seis días de que se realice el plebiscito, la decisión de la Justicia suma argumentos a favor de terminar con la amnistía que impide enjuiciar a militares y policías responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Por Mercedes López San Miguel
La Corte Suprema le dio un último envión a la campaña para anular la Ley de Caducidad en Uruguay. Por primera vez en la historia de ese país, el máximo tribunal declaró inconstitucional la norma para el caso de Nibia Sabalsagaray, después de que lo hicieran el Ejecutivo y el Congreso. A seis días del plebiscito, la decisión del Supremo suma argumentos a favor de terminar con la amnistía que impide enjuiciar a militares y policías responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).
La única central sindical, PIT-CNT, y organizaciones defensoras de los derechos humanos impulsaron la consulta del próximo domingo –que se realizará junto a las presidenciales– para que los uruguayos decidan si anulan la polémica norma, promulgada en 1986 y ratificada en un plebiscito en 1989. Raúl Olivera, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de PIT–CNT, no oculta su satisfacción por el fallo de la Corte. “Si bien la inconstitucionalidad de la ley es en relación con un caso, también abre la puerta para que se revisen otros”, dijo a Página/12. Lo que señala Olivera es correcto. La decisión de los jueces sienta jurisprudencia y facilita la presentación de nuevas demandas.
El proceso hacia la inconstitucionalidad comenzó cuando el presidente Tabaré Vázquez, del centroizquierdista Frente Amplio, excluyó el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitió su investigación. El pasado febrero, las dos cámaras del Parlamento entregaron a la Corte Suprema su dictamen a favor de declarar inconstitucional dicha norma. Ayer, cuatro de los cinco jueces del tribunal pusieron su granito de arena por un cambio en las instituciones del país.
Nibia Sabalsagaray, entonces militante del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, fue detenida en 1974 y trasladada al cuartel del Batallón de Ingenieros N° 5. Un día después, los militares entregaron a sus familiares su cadáver en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo, afirmando que se había suicidado. Sin embargo, sus allegados no creyeron la versión oficial del “ahorcamiento”. El hoy intendente frenteamplista del departamento de Canelones, Marcos Carámbula, era estudiante de medicina y le faltaban seis meses para obtener el título cuando fue llamado por la familia para que observara el cuerpo de la joven, ante la negativa de las autoridades de permitir una nueva autopsia. Carámbula pudo determinar que Sabalsagaray murió a causa de los golpes que había recibido.
El referéndum contra la ley, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300.000 firmas para pedir su anulación, cuenta con el apoyo del oficialista Frente Amplio, mientras que los partidos Nacional (blanco) y Colorado se muestran partidarios de mantener la norma tal y como está. El votante deberá colocar una boleta rosada por la anulación y ninguna si no lo cree así. Según un sondeo de la encuestadora Interconsult conocido ayer, el 47 por ciento de los consultados afirma que votará por anularla, el 40 por ciento que no pondrá la papeleta rosada y el 13 por ciento no sabe o no contesta. Para ganar el plebiscito se necesita el 50 más uno de los votos. Según Olivera, los sondeos no son representativos. Por un lado, el electorado más conservador no manifiesta su voto y, por otro lado, hay una gran cantidad de votantes que vienen de Argentina que están a favor de la derogación de la ley y no son tenidos en cuenta. El líder sindical se queja de la poca difusión que tuvo la campaña en los medios de comunicación, mientras subraya que hoy se hará el gran cierre con una movilización en Montevideo. Se eligió un día simbólico, como cada 20 de mayo de las últimas dos décadas. Por eso, el lema es “el último 20 con leyes de impunidad”.
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| 20 de octubre de 2009, 20:05Montevideo, 20 oct (PL) Miles de uruguayos marcharon hoy aquí para culminar la campaña contra la Ley de Caducidad, y convocaron a votar por la nulidad de la legislatura en el plebiscito del venidero 25 de octubre. La manifestación estuvo encabezada por una gran tela que decía "Memoria en Libertad", seguida por carteles con fotos de desaparecidos durante la etapa dictatorial y se desplazó desde la Plaza Libertad por la Avenida 18 de Julio hasta el Obelisco. Bajo la consigna "El último 20 con la Ley de Impunidad", la Coordinadora para anular esta normativa convocó a ciudadanos de todos los partidos políticos en este cierre de cruzada. Participaron también como gestores la Organización de Familiares y Desaparecidos, y la Federación de Estudiantes Uruguayos. Hijos de plagiados durante la dictadura como Victoria y Anatole Julien, Mariana Zafaroni y Macarena Gelman, nieta del escritor Juan Gelman, reafirmaron su compromiso por la nulidad de la Ley a cinco días de la consulta popular. Afirmaron que a pesar de ser ellos las caras más visibles de esta temática, la anulación de la legislatura, conocida también como Ley de Impunidad, compete a toda la sociedad. "Es una oportunidad para reivindicarse, reivindicar a nuestros padres y reivindicar a nuestro país como sociedad", señalaron. Aprobada en 1986 con los votos legislativos de los partidos Nacional y Colorado, y la oposición del hoy gobernante Frente Amplio, la norma impide juzgar a ex militares y policías violadores de derechos humanos en tiempos dictatoriales (1973-1985). La población uruguaya tendrá la opción de votar por el Sí mediante una boleta rosada, en un referendo fijado junto con los comicios generales del domingo 25 de octubre. lgo/wap de: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=127603&Itemid=1 |
La diputada nacional Victoria Donda acusó hoy a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de pretender "impunidad para los crímenes de lesa humanidad" y de estar contra "la verdad, la memoria y la justicia".
La diputada declaró en un comunicado que "fascista es quien defiende la impunidad descaradamente" en alusión a los dichos de la líder de la Coalición Cívica en los que cuestiona el proyecto de ley que propone extraer compulsivamente muestras de ADN a sospechosos de ser hijos de desaparecidos.
La legisladora declaró en un comunicado que "fascista es quien defiende la impunidad descaradamente", en alusión a la oposición de Carrió al proyecto de ley que propone extraer compulsivamente muestras de ADN a quienes se sospeche que pueden ser hijos de desaparecidos.
Donda, diputada del Movimiento Libres del Sur y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, consideró que "una vez más Carrió avanzó en sus posiciones contra el proceso de verdad, memoria y justicia por los horrendos crímenes de la última dictadura".
"Un año después de plantear el canje de impunidad por supuesta información para los represores, ahora avanzó contra uno de los más horrendos crímenes de la dictadura y de los más graves, dado que se trata de los niños y niñas, hoy jóvenes, apropiados por los represores y sus cómplices", señala el texto.
Más adelante agrega que para la líder de la Coalición "la verdad acerca de la identidad de los jóvenes apropiados, el reencuentro con su verdadera familia, el cese de la situación de desaparición forzada en que se encuentran y el derecho de la sociedad a conocer la identidad de sus integrantes (consagrados, por otro lado, en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos) no deben suceder".
"Fascista es -añade- quien sostiene que las apropiaciones de menores en el marco de un plan sistemático probado por la justicia deben seguir impunes", concluyó.
Quizás en el debate público por la ley de Medios hay un gran ausente, que el conflicto de Kraft viene a recordarnos. Un saber y hacer ausente de la discusión, pero presente en la intensidad o inexistencia de muchas coberturas periodísticas. Se trata de la comunicación corporativa.
Esa ausencia probablemente se deba a que esta ley fue concebida bajo los parámetros de la Comunicación Social. Pero hasta la poca conciencia que en general se tiene de la comunicación corporativa, y de sus alcances, no hace más que develar uno de sus atributos: las corporaciones tienen políticas de medios y son esas políticas las que muchas veces los medios hacen propias, en los peores casos asimilándolas a su línea editorial, convirtiendo a sus oyentes, espectadores y lectores no sólo en rehenes del mercado, cosa que hacen a través de la publicidad, sino que los convierten en ciudadanos que inclinan sus opiniones a favor de las empresas, también y sobre todo cuando atraviesan conflictos gremiales.
Ahí, en ese punto de entrecruzamiento de roles e intereses, el oyente, el espectador o el lector son sujetos políticos a disciplinar: la buena imagen de la empresa se obtiene a expensas de la mala imagen de los trabajadores. En la crispación generalizada que provocan en la clase media los cortes de calles o rutas, la comunicación corporativa ya comenzó a trabajar. Ese talón de Aquiles no fue siquiera rozado por los grandes medios cuando al corte de rutas, y durante larguísimos meses, los sojeros añadían el control de policía sobre el transporte de carga.
El martes, en pleno estallido de la crisis de Kraft, se le pudo ver la cara por televisión a Pedro López Matheu, quien hasta entonces permanecía en el extraño anonimato de ser el ejecutivo a cargo de los Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Kraft para el Cono Sur. Fue uno de los delegados de la fábrica el que en medio de una entrevista reveló para el público que ese mismo hombre había sido uno de los que manejaron los recordados despidos de Clarín.
Esas son las grietas. Esos son los imponderables. Un delegado de Kraft es entrevistado y suelta exactamente lo inapropiado.
En el último número de la revista digital Imagen, “la primera revista de habla hispana de comunicación institucional”, hay un artículo muy interesante. La revista es dirigida por Diego Dillenberger, un economista con sólida formación intelectual, ex Ambito Financiero, que conduce un programa por P+E llamado La hora de Maquiavelo.
La nota en cuestión, con mucha producción pero sin firma, se titula “La crisis de Kraft reaviva el debate: qué perfil deben adoptar las empresas para defenderse en los medios de los ataques sindicales”. Ese título fue reelaborado cuando la nota fue levantada en el diario digital BNW Patagonia, el más visitado del Sur argentino, y en ese segundo título se interpreta: “Crisis de Kraft y ley de Medios: dos temas diferentes que, sin embargo, se mezclan”.
Qué curioso. Todavía no se han mezclado en los medios. Todavía, y con esta ley vigente y con medios concentrados, este debate no puede salir a la luz. Todos los tanques argumentativos caen sobre la publicidad oficial, sobre la que ya se anunció en el Congreso la intención de discutirla y enmarcarla en otra ley. Pero ni una palabra de los alcances y los límites que debiera tener la comunicación corporativa en una sociedad democrática. En ella, los ciudadanos deben ser protegidos de abusos estatales, pero también de abusos del sector privado. Deben ser protegidos de todo tipo de abuso o manipulación. Los términos de las discusiones que planteó el sector más duro de la oposición, así como los spots institucionales de TN, describen una escena en la que la libertad individual se ve amenazada por las arremetidas gubernamentales o estatales. Pero hace años que no nos dedicamos más que a aplacar las heridas que dejaron las políticas neoliberales, y ahora estamos sufriendo las esquirlas del estallido de esas mismas políticas en el centro del sistema global. Todo ese daño lo hizo el sector privado.
En la revista Imagen, cuyo nombre es una manera de ver el mundo, en la nota antes citada, la crisis de Kraft es descripta como “una de las crisis empresarias más graves de la Argentina en décadas, y los expertos en comunicación la están analizando cuidadosamente en prevención de eventuales contagios”.
Hay una polémica entre los consultores corporativos sobre cuál es la política de medios que le conviene a Kraft, ahora que “un grupo de obreros izquierdistas tomó una planta que Kraft le comprara a la tradicional Terrabusi durante más de un mes, cortó la estratégica autopista Panamericana y calles de la ciudad de Buenos Aires. Sus acciones fueron ocupando las pantallas de la TV durante días, mostrando una intransigencia desconocida hasta ahora por grupos sindicales de izquierda y tolerada por las autoridades argentinas hasta el pasado fin de semana”. No se menciona la palabra represión. A partir de ahí, la pregunta es si a Kraft le conviene seguir planteando el perfil bajísimo que mantuvo hasta ahora o embestir con otros contenidos.
Uno de los consultados, Federico Baraldo, dueño de la consultora ICC Baraldo, que “conoció las crisis de los violentos ’70 desde la gerencia de la FIAT”, defiende el perfil bajo. “La empresa trató de mantenerse al margen del primer plano hasta que la crisis creció. Hicieron bien en dejar la decisión a las autoridades. Es lo que hay que hacer ante un gobierno que detesta que las empresas se expresen abiertamente en los medios de manera crítica. El vocero está trabajando prolijamente”, dice sobre López Matheu. Celebra que no se “sobreactúe la comunicación” y elogia la solicitada de la corporación norteamericana: “Las solicitadas son malas piezas de comunicación, pero ante las derivaciones jurídicas de estas crisis son necesarias”.
Un consultor crítico con el manejo de medios que está haciendo Kraft, y que “pidió estricto off the record”, opina en cambio que “son demasiados los mensajes negativos sobre la empresa en los medios”, y afirmó que sin levantar el perfil se podría “revertir la negatividad, abriendo más canales hacia los medios”. En la misma línea pero más indignado se muestra Juan Carlos Lynch, dueño de la consultora RFB Lynch Partners, que en su blog escribió una nota titulada “País gallina”, en el que se pregunta: “¿Dónde está la oposición, dónde la dirigencia empresaria, por qué Kraft está sola?”.
Luis Cagliari, CEO de Ogilvy PR, “un ex Renault que vivió tomas de planta en los ’90 contra esa compañía”, recomendó que la empresa tenga más voceros. ¿Más señores como López Matheu dando entrevistas en los medios? No. “Sería bueno que salgan por los medios a hablar otros damnificados por el paro, como los empleados que quieren seguir trabajando. Necesitan más voceros en los medios.”
El propio López Matheu aparece consultado en la nota. Declara que “el conflicto cobró más relevancia debido al enfrentamiento entre el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner con los medios”. En ese sentido, dice López Matheu, “la cobertura de los medios de la crisis de Kraft también se ve influenciada por el debate de la ley de Medios. Mostrar la crisis es una forma de demostrar la conflictividad imperante”.
Mientras se recalientan los debates sobre la ley de Medios y los senadores y los periodistas gritan todos juntos, de pronto el escenario proporciona una repentina piedad por los pobres, que sin embargo ya veremos cómo pronto muta en una irritación general opositora que esta vez exhibe un marco económico, social y político generado en los últimos años. Ya no el paisaje piquetero sino el paisaje de trabajadores que no quieren volverse a caer del bote. Este país con una pobreza lacerante, pero también con obreros y leyes laborales imperantes, es el que hay que entrever en las pantallas, dedicadas con fascinación a mostrar “caos”. Un país en el que la seguridad jurídica también esté del lado de los trabajadores.
 Foto:Archivo / EL COMERCIOBuenos Aires, DPA La célebre cantante folclórica argentina Mercedes Sosa se encuentra desde hace varios días internada en una clínica de Buenos Aires en grave estado de salud, informó hoy su hermano Cacho Sosa. Sosa, de 74 años, está en la estación de cuidados intensivos del Sanatorio de la Trinidad, a raíz de "un problema hepático que le afecta los riñones y los pulmones, una disfunción renal progresiva", señaló su hermano a la radio Continental de Buenos Aires. "Está con respirador, pero al menos está estable y mejoró un poco", precisó. El cantante Víctor Heredia confirmó que "Mercedes Sosa está en una situación muy complicada". "La Negra" se encuentra internada desde el 18 de septiembre en estado "reservado". "Estas cosas uno las imagina en el tiempo, allá a los lejos. Pero de golpe cuando pasan, a mí me devastan", declaró el músico, amigo cercano de Sosa. "Lamentablemente no tenemos buenas noticias. Yo estuve con ella antes de ayer e, independientemente de la situación delicada en la que está, estaba absolutamente lúcida", agregó a radio 10 de Buenos Aires. Una amplia guardia periodística se instaló en el sanatorio a la espera de un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Sosa. Mercedes Sosa lanzó este año el disco doble "Cantora", con duetos con los más reconocidos músicos y cantantes de la escena iberoamericana, que trepó a los primeros puestos de los rankings locales. La cantante sin embargo no pudo hacer una presentación personal de esta obra debido a sus problemas de salud. La cantante es reconocida mundialmente como una de las principales voces folclóricas de Argentina y Latinoamérica. Información sobre Mercerdes Sosa en: http://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Sosa |
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¿A favor o en contra? Gabriela Cicalese propone salir del dualismo a la hora del debate sobre la ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación, para reflexionar con el desafío de aceptar la pregunta antes que pretender tener la respuesta.
Por Gabriela Cicalese *
A quienes estamos en el mundo de la comunicación, una pregunta se nos vuelve interpelación insoslayable en las últimas semanas: “¿Estás a favor o en contra de la ley de medios?”. Desde que estudiábamos a principios de los ’90, muchos de nosotros hemos participado activamente de distintas instancias de debate: con legisladores que iban a las carreras a presentar proyectos, en comisiones que se armaban en cada encuentro de estudiantes de Comunicación para consensuar una posición nacional frente a los proyectos, en mesas especialmente conformadas con referentes del campo comunicacional, etc. Debate que, ya por entonces, era consolidado y viejo, debate que varios de nuestros docentes habían comenzado ya a partir del ’83 en ámbitos como la misma institución que hoy me toca dirigir, el Centro de Comunicación La Crujía.
Sin embargo, al escuchar esta pregunta, una misma (que tiene una mirada sobre los demás debates en términos de usos discursivos de unos y otros argumentos) no puede sino involucrarse en la falsa dualidad y se ve obligada a tomar partido por una u otra posición. Posiciones que, por otra parte, se leen automáticamente como “a favor del Gobierno” o “a favor de Clarín”. Barthes nos enseñó que el “ninismo” era una figura discursiva con la que los mitos podían reconocerse en nuestras sociedades. Esto de plantear falsas comparaciones para que un valor social se imponga sin discusiones y posibilidades de ser racionalizado.
También nos enseñó en este abordaje semiológico (aplicable en su libro Mitologías al lenguaje publicitario, pero que parece hoy aplicable también a nuestros propios discursos) otra figura, la de “privación de la historia”: allí donde un proceso pluricausal se vuelve esquemático o se impone como una novedad y no como una compleja construcción histórica. Sin embargo, se escucha en los colegas argumentos del estilo: “La única ley que rompió con la ley de la dictadura”. Como si la famosa derogación menemista del art. 45 que permitió los monopolios no hubiera existido y no fuera una modificación legal (la peor que pudo hacerse, claro está) a aquella primera ley. O cuando se plantea que una señal o medio “desaparecerá”, no ya por decisión empresaria de sus dueños sino por culpa de una ley. Pero las elipsis y los reduccionismos parecen estar validados hoy por los colegas a la hora de sostener un posicionamiento u otro sobre la ley.
El estar “a favor o en contra” de distintas dualidades cuenta en nuestro país con largos ejercicios de posicionamientos ideológicos, desde aquella “civilización o barbarie”, pasando por “unitarios y federales”, “peronistas y gorilas”, “la reelección-voto cuota menemista o el caos económico...” hasta el más próximo provocado por el “conflicto del campo” de 2008.
Cuando me preguntan en términos duales sobre la ley, intento posicionar el relativismo, aun cuando se nos tilde de “tibios/as” a los que no aceptamos la pregunta. Una vez revolucionó mi modo de pensar un comentario de la antropóloga y comunicadora Rossana Reguillo: “Lo importante en cualquier planteo de ciencias sociales, antes que las respuestas, es si aceptamos o no la pregunta”.
Si preguntan por la necesidad de la ley y la respuesta es sí, esa respuesta la teníamos como Coalición con los 21 puntos antes de decir hoy, unos y otros dentro de ese colectivo, que sí o que no a la urgencia en su tratamiento.
Si preguntan por el espíritu general antimonopólico, la respuesta es sí aunque hay aristas que “vienen en el paquete” y parece que hay que aceptarlas porque cualquier insinuación a alguna objeción específica se vuelve una conducta reaccionaria. Otra vez recuerdo entonces a Barthes en sus discursos míticos cuando describe la “vacuna”, aceptar un mal menor para impedir un mal mayor.
Podemos seguir mucho tiempo haciendo “mucho ruido y pocas leyes”, como declama el título del libro de Guillermo Mastrini, consulta obligada desde el 18 de marzo, cuando la Presidenta presentó el proyecto en el Teatro Argentino de La Plata. Pero también podemos exigir contextos de diálogo y no debates pautados que muchas veces se centraban en lograr una firma de aval a un proyecto ya diseñado.
Por eso, cuando como comunicadora me preguntan hoy: “¿Estás a favor o en contra de la ley de medios?”, lo primero que se me ocurre decir es “¿podemos reformular la pregunta?”. Y pensar entonces con mi coyuntural interlocutor/a los aspectos positivos y los que faltan, los acuerdos compartidos en viejos y nuevos debates, la excusa para revisar los manejos mediáticos, pero también los nuestros.
* Doctora en Comunicación. Directora del Centro de Comunicación La Crujía.
El ministro de Justicia porteño presentó una denuncia contra la jueza en lo Contravencional y de Faltas Rosa Parrilli. Un video registra cómo invocó su condición de jueza para evitar una sanción de tránsito. Revelan que tiene pendientes veintinueve actas de infracción.
Por Emilio Ruchansky
Luego del escándalo provocado por la difusión del video en el que la jueza porteña Rosa Parrilli insulta, maltrata y discrimina a dos empleadas de la playa de estacionamiento de infractores del Obelisco, la magistrada sostuvo ayer que “no tiene que pedir disculpas”. Parrilli, que debe 29 infracciones de tránsito, aclaró que sólo les rendirá cuentas “a las autoridades competentes”. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, ya radicó una denuncia, después de conocer el informe de las jóvenes agredidas y en el Consejo de la Magistratura porteño se abrirá una investigación. “No sé lo que pasó y no sé lo que dije”, sostuvo la jueza, pese a gran repercusión de la imágenes, tomadas por una cámara de seguridad. “No me vi en el video porque no tengo televisión”, aclaró.
El 15 de septiembre pasado, la titular del juzgado en lo Contravencional Nº 28 estacionó su auto, un Volkswagen Gol, casi en la ochava de la calle Rodríguez Peña al 400, en el centro de la ciudad. Al rato, una grúa de la empresa SEC remolcó el vehículo hasta la playa de infractores, en el subsuelo del cruce de 9 de Julio y Sarmiento. Allí arribó la jueza, con prisa, y deslizó de corrido, casi sin respirar, su primera frase: “Yo soy jueza, me sacaron el auto mientras estaba haciendo un procedimiento; no es la primera vez que me pasa, estoy trabajando y necesito el auto ya”.
Las empleadas, Rocío Marlene Gómez y María Itatí Albe, le pidieron la documentación del auto. Parrilli les aclaró que no pensaba abonar nada, ni el acarreo (190 pesos), y pidió hablar con alguna “superioridad”. Le indicaron que debía consultar con el controlador de faltas. “Yo no tengo que ir a ningún tribunal de Faltas, a ellos, (por los controladores) también los mando yo. ¡Tonta! Que alguien me acompañe al auto”, dijo la jueza, impaciente. Las empleadas le indicaron el lugar donde estaba estacionado su coche, pero ella quería que la acompañaran, a lo que éstas se negaron.
“La que mando soy yo”, insistía Parrilli, que todo el tiempo repetía: “Rápido, rápido”, escudándose en que estaba en medio de un procedimiento. Gómez, detrás de la ventanilla, pedía que no la maltrate y le explicaba que ella no podía darle de baja a la falta. Finalmente, la jueza pasó por el edificio municipal de Carlos Pellegrini al 200 para comparecer ante una controladora de Faltas, quien le perdonó la multa y el acarreo que se había negado a pagar. La magistrada volvió triunfante a terminar el trámite y le dijo a una de las empleadas: “Te hubiera metido un cachetazo por hacerme perder el tiempo, no te das cuenta tontita de que te dije que acá mando yo”.
–No me trate mal, pase por la ventanilla de al lado, mal educada.
–¿Me das salida? –dijo la jueza a otro empleado y luego habló mirando a la anterior empleada–. A los paralíticos, a todo el mundo que no tienen que acarrear le sacan el auto... Mirá, espero que no caigas nunca en mi jurisdicción porque te meto presa ocho meses. Les pagan 1200 pesos para joder a la gente. Ja. Todas morochas, ni una rubia contratan...
–¿Y a usted cuánto le pagan por discriminar, señora? –soltó la empleada.
“Por lo que vi, la jueza chapeó. Las prácticas de muchos jueces son ésas”, opinó unaalta fuente de la Justicia porteña. “Hubo abuso de autoridad en todo momento, al menos eso intentó porque esas empleadas no dependen de ella, sino de la administración de la ciudad y, aunque así fuera, los funcionarios judiciales no estamos exentos a ninguna norma”, explicó.
Consultada por este diario sobre la justificación de Parrilli de que levantaron su auto mientras ella estaba en un procedimiento, la fuente dudó un buen rato. “Ella es una jueza penal, contravencional y de faltas. Los procedimientos de faltas están a cargo de la administración gobernante; en la parte contravencional, como indica el Código de Convivencia, el que instruye la prueba es el fiscal, no el juez. Sólo podría darse la presencia de un juez en un operativo por algunos de los 25 delitos penales que fueron traspasados a la ciudad, pero realmente es muy raro que pase eso. No creo que sea el caso.”
Ayer, luego de que las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar recorrieran los canales de televisión, el ministro porteño de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, confirmó que ya había denunciado a Parrilli por el delito de amenazas y discriminación. El caso recayó en la Fiscalía Penal Nº 6, de Angel Carestía. “Es sumamente grave –evaluó Montenegro–, la jueza entiende claramente de lo que está hablando porque es del Tribunal de Faltas.”
Además, el ministro hizo una presentación en el Consejo de la Magistratura para reclamar el juicio político y destitución de la jueza. El presidente de este Consejo, Mauricio Devoto, anunció la apertura de una investigación sobre el proceder de Parrilli. “Vi el video y esto no le hace bien a la Justicia para nada”, sostuvo. “Tenemos que ver cuáles son las distintas posibilidades y variantes que la ley nos da para encuadrar los hechos que han sido denunciados –aclaró Devoto–. Cuando se inicia un jury, gran parte de las cuestiones están vinculadas con el ejercicio de la función de la jueza, que no es lo que ocurrió en este caso porque esos hechos se han producido en otro ámbito.”
Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño contaron a Página/12 que la jueza fue intimada por la Dirección de Faltas para pagar las 29 infracciones pendientes en los próximos quince días. Además, el secretario de Justicia de la ciudad, Daniel Presti, separó de su cargo a Mabel Angotti, la controladora que eximió de pagar la última multa. La controladora, aunque goza de cierta autonomía, está bajo la órbita del gobierno porteño. “Descubrimos que había nueve infracciones, incluyendo esta última, en las que fue eximida. En todas actuó Angotti como controladora”, precisó la fuente.
