Me pregunto cuántos pastores, curas o rabinos son atacados en Argentina sólo por su condición religiosa: una ley tiene que partir de una necesidad real de la sociedad. Según diversas encuestas publicadas, las personas católicas van menos a misa que en otras épocas y tienen muchas diferencias con la jerarquía y a veces con lo que dice el sacerdote desde el púlpito, pero no se conocen episodios de agresión verbal o física y nadie les impide a los curas decir lo que se proponen en cada oficio religioso. Hay otras personas que son vulnerables, que tienen que ser protegidas seriamente por la ley, sin miramientos sobre si el que la infringe es un pastor, un rabino o un cura.
Todavía está en libertad monseñor Storni y cobra un sueldo de privilegio como obispo, que pagamos todas y todos, católicos, de otros credos y ateos, para que después de haber cometido abusos sexuales contra seminaristas pueda descansar tranquilo en la ciudad cordobesa de La Falda. También inexplicablemente está en libertad el padre Grassi.
Los curas y obispos asesinados durante la última dictadura militar no fueron agredidos por su condición de sacerdotes, fueron asesinados por pensar de otra manera, por su compromiso con el pueblo y no con la oligarquía defendida con vehemencia por la jerarquía católica –ahora y siempre—: si no veamos su posición con respecto al conflicto con el campo privilegiado, y su apoyo a la Sociedad Rural en la Argentina, y el respaldo al golpe militar en Honduras brindado desde la cúpula católica de ese país.
Los que necesitan más protección de las leyes o que las leyes se cumplan no son justamente los que exhiben privilegios.
El desafío que hoy tenemos es trabajar para el que el Estado sea laico y reconozca la igualdad de todos y todas ante la ley.
También me pregunto por qué no se cumple con lo que dice el Código Penal respecto del aborto no punible, por qué las mujeres pobres tienen que andar mendigando un derecho conquistado hace más de cien años, debido a que un sector de la sociedad con argumentos religiosos se opone y se niega a cumplir con la ley. A fin de 2008 se frenó abruptamente en el Congreso un debate que clarificaba los alcances del Código Penal sobre abortos no punibles impulsado por tres diputados del oficialismo. El Estado argentino tiene que responder todavía a una demanda presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por violación a los derechos humanos de una adolescente a la que le negaron la práctica de un aborto contemplado en la legislación. Y cada vez que estos temas llegan a la prensa no faltan las expresiones de los sectores religiosos antiderechos. Las mujeres organizadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito seguimos esperando el debate del proyecto de ley que cuenta con estado parlamentario y respaldado por veintidós diputados/as nacionales para que no mueran un centenar de mujeres por año en nuestro país, a través del cual pedimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¿Qué sabe la diputada Cynthia Hotton de los sufrimientos de las mujeres que se enfrentan al aborto clandestino e inseguro? No se la ve preocupada a la señora diputada por los niños abusados en el mundo por parte de sacerdotes. Coincido con ella, claro, con que desde la religión se hace política: nunca se puso en duda. Pero ¿política para quiénes? No aparece en el proyecto de ley de libertad religiosa que impulsa Hotton la intención de proteger a los desamparados, sino más bien atentar contra las disidencias internas que hoy tienen las principales religiones, a cuya conducción ha logrado acceder el ala fundamentalista que pretende imponer una verdad única en un mundo cada vez más diverso y plural.
* Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-131364-2009-09-08.html
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